El proyecto, según las autoridades, será enviado en los próximos días al Legislativo y favorecerá al 20 % de la población penal, que era de 50.495 personas a fines de enero pasado, 5.000 en el primer año de vigencia y el resto de forma gradual.
En adelante, sólo los jueces de Cortes de Apelaciones decidirán las libertades condicionales, sin intervención de autoridades políticas, como ocurre ahora, mientras los reos mayores de 80 años serán excarcelados inmediatamente.
También se sustituirá la cárcel a personas con penas inferiores a un año, por medidas cautelares alternativas como la reclusión domiciliaria y los condenados a prisión por multas impagadas cumplirán la pena con servicios comunitarios, lo mismo que los sometidos a reclusión nocturna. También serán beneficiadas las reclusas de buena conducta que hayan cumplido los dos tercios de sus penas, excepto las condenadas por delitos sexuales, secuestro y tráfico de drogas.
El año pasado, la Administración de Sebastián Piñera descartó estudiar una propuesta de la Iglesia católica de un indulto general con motivo del Bicentenario de la Independencia Nacional. La idea, se dijo entonces, contradecía uno de los principales puntos del programa de Piñera, que era la lucha contra la delincuencia.
No obstante, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, valoró el lunes la propuesta y comentó a periodistas que es similar a la presentada el año pasado por la Iglesia.
El proyecto se conoce tras la tragedia ocurrida en la cárcel santiaguina de San Miguel, donde el pasado 8 de diciembre murieron 81 reclusos en un incendio. El gobierno reconoció la semana pasada, al inaugurar el año judicial, que el sistema penitenciario,"está absolutamente colapsado".
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que estas medidas "no debilitarán el combate contra la delincuencia" y afirmó que el indulto, "si es que finalmente queda como medida, va a ser una cuestión marginal, muy pequeña y en casos muy acotados".
Dirigentes opositores valoraron positivamente la iniciativa, pero plantearon reparos de que también sean beneficiados violadores de los derechos humanos. Para el senador socialista Fulvio Rossi, el anuncio es "una autocrítica" del gobierno, "que se dio cuenta de que su discurso de tolerancia cero no era coherente ni racional".
En cambio, el diputado oficialista Alberto Cardemil manifestó que espera que el indulto no separe a los militares condenados. "Es una obligación elemental del gobierno mantener la igualdad ante la ley", sostuvo Cardemil, que fue subsecretario del Interior durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Fuente: EFE
