Los internados son Luis Olmedo, Lucía Agüero, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, cuyo estado de salud se agravó debido a los ayunos que realizan como parte de una protesta iniciada hace 58 días para exigir su liberación.
Los detenidos fueron trasladados desde la localidad de Coronel Oviedo, en la región central del país, donde se encontraban recluidos, hasta el hospital nacional de la ciudad de Itauguá, a 35 kilómetros al este de la capital, informó la agencia pública IP Paraguay.
El director médico del hospital de Itauguá, Mauricio Ortiz, dijo, en declaraciones a los periodistas, que restringieron las visitas para los nuevos pacientes para evitar posibles infecciones, debido a que presentan una disminución de sus defensas inmunológicas.
El profesional remarcó que Agüero se encuentra en estado delicado, ya que se resiste a consumir líquidos y eso podría agravar su situación en los próximos días, apuntó la agencia EFE.
Los detenidos exigen su liberación y desvinculación del proceso que se sigue a un total de 15 campesinos detenidos tras una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty, ocurrida el 16 de junio último, en la que murieron 6 policías y 11 campesinos.
Ese hecho, ocurrido en una propiedad que se disputan el Estado y los familiares del empresario recientemente fallecido Blas Riquelme, derivó en la destitución de Lugo en un controvertido y polémico juicio político express, el 22 de junio último.
Los campesinos están acusados de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros cargos.
La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados" en Curuguaty.
El fiscal Jalil Rachid descartó las versiones de la actuación en el hecho de francotiradores entrenados, aunque los abogados de los procesados sostienen que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por "expertos tiradores" pudieron ser las que abatieron a los policías, con "disparos certeros en la cabeza y el cuello".
Esa hipótesis iba a ser expuesta mañana en Buenos Aires por el ex presidente Lugo y el abogado de los labriegos, Guillermo Ferreiro, quienes suspendieron el viaje por "la delicada situación" generada no solo por la internación de los labriegos, sino también por el desalojo de los manifestantes de la puerta de la Fiscalía.
Representantes de grupos civiles y sociales que desde hacía días llevaban adelante una vigilia ante la sede de la Fiscalía en Asunción, para acompañar el reclamo de los ayunantes, fueron desalojados violentamente de la madrugada por la policía.
El ministro del Interior, Carmelo Caballero, adelantó que se evaluarán las denuncias por el desalojo, y dejó en claro que el gobierno "no apañará comportamientos contrarios a la Ley y las Normas establecidas para la Policía Nacional".
"Esto no significa que si estos efectivos actuaron dentro del marco de la Ley, conjuntamente con el Ministerio Público, no van a recibir el respaldo de este Gobierno", expresó Caballero, que subrayó que el Ejecutivo "va a respetar los derechos humanos".
El titular de Interior detalló que el desalojo fue por "perturbación del orden público" y la Fiscalía defendió la medida en que se basó en la ley prohíbe que las concentraciones duren más de 12 horas seguidas.
En la conferencia, acompañaron a Caballero el titular de la Secretaría de Información y Comunicación, Gustavo Köhn; la ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia; el subcomandante de la Policía, Carlos Altemburger; el viceministro de Justicia, Carlos María Aquino, y el fiscal Emilio Fuster, responsable del procedimiento.
Fuente: Télam
