Castro amenaza no sólo al PN sino también al otro partido tradicional, el Liberal (PL), que aparece dividido y en tercer lugar, con Mauricio Villeda como candidato. Una parte del PL, la que representa Zelaya, se sumó a Libre para estas elecciones sin segunda vuelta.
Los nueve partidos que se presentan, ocho con candidatos a presidente, elegirán también tres vicepresidentes, 128 diputados nacionales y 20 al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes e igual número de vicealcaldes, y 2.092 regidores (concejales).
La alta abstención en las elecciones que ganó en noviembre de 2009 el actual presidente, Porfirio Lobo, del PN, estuvo muy vinculada a cuestionamientos internos e internacionales a la legitimidad de los comicios, dado que fueron organizados bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti y con graves ataques a medios de comunicación.
Castro es la única mujer candidata, mientras el general que ejecutó el golpe de estado, Romeo Vásquez Velázquez, con muy escasas preferencias, según las encuestas, es el aspirante presidencial de uno de esos cuatro nuevos partidos, Alianza Patriótica (AP), que propone "defender siempre los sagrados principios de la Constitución".
El conductor televisivo Salvador Nasrallá aspira a la presidencia por el Partido Anti Corrupción (PAC), otra de las nuevas fuerzas hondureñas, igual que el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia y Unificación Democrática (Faper-UD), por el que se postula el defensor de derechos humanos Andrés Pavón.
Honduras es el país sin guerra que encabeza los índices mundiales de homicidios con 86,5 por cada 100.000 habitantes, según Naciones Unidas, y un indicador de ese clima de violencia lo da la preocupación expresada por una docena de senadores estadounidenses en una carta dirigida a su secretario de Estado, John Kerry.
"Estamos recibiendo informes de amenazas contra periodistas e incluso de asesinatos de candidatos", señalan en esa nota recogida por el diario hondureño El Heraldo.
Honduras, agrega el texto, "padece instituciones frágiles y un poder judicial sitiado que han hecho poco para castigar a los perpetradores de la violencia, fomentando un clima de impunidad y socavando la confianza de los ciudadanos de que se protegerán sus derechos políticos, civiles y humanos".
La carta también muestra "serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para llevar a cabo elecciones libres y justas en el momento mismo en que se ha movilizado a una nueva policía militarizada que ya irrumpió en los hogares de varios activistas de la oposición".
Desde el pasado 3 de octubre, la Policía Militar, un proyecto impulsado personalmente por el candidato presidencial oficialista para responder a la situación de emergencia en materia de seguridad, patrulla las calles en medio de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
El defensor del Pueblo de Honduras, Ramón Custodio, calificó esa iniciativa como "la creación de cuerpos paramilitares de dudosa legalidad".
Según un informe de la organización no gubernamental canadiense Rights Action, entre mayo de 2012 y octubre de 2013, en total 35 candidatos o precandidatos de diversos partidos políticos fueron asesinados en el país, de los cuales 18 pertenecían al partido Libre.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Lisa Kubiske, señaló que "hay gente con mucha ansiedad y que está denunciando que habrá fraude y violencia", aunque dijo que le daba "confianza" que, con el pacto de respeto a los resultados electorales que firmaron los candidatos presidenciales, existe un procedimiento para canalizar denuncias e indicaciones de fraude.
Vale recordar que Estados Unidos fue el principal país que avaló las cuestionadas elecciones de 2009, mientras el grueso de las naciones de América latina las impugnó.
En ese contexto, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva expresó en un reciente spot publicado en Youtoube su fuerte apoyo a la candidatura de Castro, que fue muy difundido por el partido Libre y cuestionado por "injerencia externa" por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El embajador de Brasil en Honduras, Zenik Krawctschuk, citado por el titular del TSE, David Matamoros, aclaró que su gobierno no interviene en la política hondureña y que lo expresado por Lula es la opinión de un ciudadano, en este caso un ex presidente.
Tras su derrocamiento, Zelaya regresó clandestinamente a Honduras y se refugió durante varios meses en la embajada brasileña en Tegucigalpa.
Fuente: Télam
