Los más amenazados, señaló, son los activistas que piden la devolución de las tierras que les fueron despojadas por los grupos armados ilegales.
Además, Howland dijo que aunque esa oficina no recibió el año pasado denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, sí se reportaron casos de ataques contra civiles.
"Todavía hay un espacio por el que los militares están violando derechos de vida en el marco del conflicto", dijo Howland.
El delegado de la ONU recordó que la Fiscalía General de Colombia abrió 4.716 expedientes por los llamados "falsos positivos", como llama la prensa local a los casos que empezaron a salir a la luz pública en 2008 sobre el secuestro y asesinato de civiles por parte de militares que los hacen pasar como guerrilleros.
La Fiscalía señaló entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a conseguir a civiles para ejecutarlos y mostrarlos como guerrilleros abatidos en combate, con el objetivo de recibir felicitaciones y condecoraciones.
Howland expresó que la ONU respalda el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero pidió que en el marco de las negociaciones no se olvide a las víctimas del conflicto.
"El gobierno colombiano debe generar mecanismos de justicia restaurativa, tanto para víctimas como para agresores, que maximicen la transformación de la sociedad y resuelvan las desigualdades históricas, evitando el retorno a los grupos armados a través de la promoción del empleo a gran escala y a largo plazo", expresó.
Fuente: Télam
