La contracara del modelo que sus detractores internos y externos esgrimen fue el crecimiento de gasto público para solventar la mayor inversión social de la historia del país, un consecuente déficit fiscal que la renta petrolera no logró cubrir, y una inflación de dos dígitos difícil de controlar.
Entre los hitos económicos de la última década resalta la reducción del desempleo del 11,3 al 7,7 por ciento, la duplicación del número de personas que reciben beneficios del seguro social, la reducción de la deuda pública del 20,7 al 14,3 por ciento del PIB, y el florecimiento de unas 50.000 cooperativas que han fortalecido a las economías locales.
En los últimos diez años, la economía venezolana creció un 47,4 por ciento, es decir, un 4,3% anual, a pesar de dos años fuertemente recesivos con tasas negativas de hasta el 8 por ciento.
En 2012 el PIB creció 5,6%, lo que permitió consolidar nueve meses consecutivos de crecimiento, con mejoras en la oferta de insumos y materias primas de origen importado destinados a la producción, al consumo y la inversión, el incremento del financiamiento por parte del sistema financiero y el impulso otorgado por la Gran Misión Vivienda Venezuela a la industria de la construcción.
Las consecuencias sociales de la economía, permitieron un aumento del gasto social en los últimos diez años en un 60,6%, (772.000 millones de dólares) que alcanzaron a 20 millones de personas, lo que contribuyó entre otros datos a reducir la pobreza del 70,8%, en 1996, al 21% en 2010, y la pobreza extrema del 40% a un nivel tan bajo como el 7,3%.
La educación también tuvo fuerte impulso en sus indicadores mediante la asignación de más del 6 por ciento del PIB, lo que permitió según informes de la Unesco alcanzar el estado de libre de analfabetismo, con educación gratuita desde la guardería hasta la universidad.
Mediante los planes sociales financiados por la renta petrolera cinco millones de venezolanos reciben comida gratis, cuatro millones de los cuales son niños y niñas en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas, lo que permitió reducir la desnutrición al 5%, y la desnutrición infantil al 2,9%.
La necesidad de garantizar la seguridad alimentaria llevó al gobierno de Chávez a imponer un control de precios y de abastecimiento, situación que se vio dificultada por el encarecimiento de las materias primas y la fuerte dependencia de las importaciones en el rubro.
A pesar de los controles el cierre del ciclo chavista encuentra al mercado venezolano con un restricciones en la provisión de aceites, harinas, azúcar y carnes, entre otros productos corrientes, además de cerrar 2012 con una inflación del 18,5 por ciento de acuerdo a estimaciones oficiales, la más baja de los últimos cinco años.
En tiempos en que la administración de un cambio flotante caracterizó a la región, el estricto control del mercado de cambios fue otro de los sellos de la política económica venezolana desde 2003, en un esfuerzo por contener al fuga de capitales que las estimaciones más pesimistas ubican en torno a los 150.000 millones de dólares en la última década.
Las devaluaciones aplicadas, la última de ellas este mismo año con una depreciación del 32 por ciento del Bolívar respecto al dólar, apuntaba a normalizar la situación, dar mayor competitividad a la industria local y fortalecer el efecto de ingreso de dólares por exportaciones de la petrolera estatal, que hoy representa el 95 por ciento de esas divisas.
Los resultados de los indicadores actuales de Venezuela se explican desde un conjunto de medidas marcadas por la intervención del Estado en sectores estratégicos, en muchos casos mediante la nacionalización de empresas.
En un país que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, la medida considerada piedra angular de todo el despliegue económico del modelo fue la toma del control de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVesa) por parte del Estado a fines de 2003, tras un feroz paro patronal.
Desde entonces, los ingresos en dólares por las exportaciones de hidrocarburos alimentaron los planes sociales, fortalecidos por el control del mercado de explotación petrolífera en detrimento de las empresas extranjeras como Exxon Mobil y ConocoPhillips, que terminaron saliendo del país, o la estadounidense Chevron, la británica BP, la noruega Statoil y la francesa Total que aceptaron el rol de socios menores de PDVSA.
La nacionalización del sector incluyó a decenas de firmas que prestaban servicios a la industria petrolera, pero se extendió luego a otras industrias consideradas estratégicas como las finanzas, las comunicaciones, la energía, la industria pesada, la alimentaria y la construcción.
Así, el Estado decidió en junio de 2009 -mediante un pago de 1.000 millones de dólares- la nacionalización del español Banco Santander para conformar el nuevo Banco de Venezuela la que es hoy la principal entidad financiera del país en depósitos totales, así como en entrega de créditos, al cierre de enero.
El Gobierno además intervino más de una decena de instituciones financieras al detectar iliquidez e irregularidades en sus operaciones, algunos de los cuales fueron liquidados o reagrupados en una nueva entidad estatal, en procura de promover la inversión productiva.
En comunicaciones, Chávez decidió en mayo de 2007 la estatización de CANTV, la mayor empresa de telecomunicaciones del paí¬s, tras pagar 1.300 millones de dólares y llegó a un acuerdo con la estadounidense Verizon para comprar su 28,5 por ciento en la compañí¬a por 572 millones de dólares.
En Electricidad, también concretó en 2007 tras la nacionalización de La Electricidad de Caracas tras comprar el paquete accionario del 82 por ciento de la estadounidense AES Corp. por 740 millones de dólares y acordó con la estadounidense CMS Energy pagar 106 millones de dólares por su 88 por ciento en la eléctrica local.
En 2009, el ex presidente avanzó en la nacionalización de la siderúrgica Sidor, al que terminó de pagar unos 2.000 millones de dólares y avanzó sobre el sector cementero con la compra de las unidades locales de la mexicana Cemex, de la suiza Holcin y una filial de la francesa Lafarge, y sobre el sector minero con la revocación de las concesiones de empresas como Gold Reserve o Brisas.
Como parte de su reforma alimentaria y agraria, en 2005, el mandatario empezó a implementar una ley de tierra que permite al Estado expropiar o tomar latifundios o tierras improductivas, momento desde el cual tomó más de 3 millones de hectáreas para impulsar la producción agrícola.
Las medidas abarcaron también la nacionalización de una serie de empresas del sector alimenticio, entre ellas las empresas Polar -la mayor productora del país-, la cadena de hipermercados Éxito, perteneciente al grupo francés Casino, las dos principales cafeteras del país, una productora de leche, el mayor frigorífico del país, o la arrocera de Cargill, entre otras firmas.
Fuente: Télam
