Bien mirado, los problemas que impedirían viabilizar una coalición de extrema derecha en el Parlamento Europeo tienen sus raíces en que cada uno de ellos apuntan a una defensa cerrada de sus intereses económicos nacionales y a la expulsión de los extranjeros.
El único punto común entre formaciones formalmente similares como el FN, el UKIP británico, Aurora Dorada de Grecia y los grupos ultraderechistas de Holanda y Dinamarca es, además de su ideología extremista general, el rechazo a la UE y al euro y el consiguiente repliegue a las fronteras nacionales.
Nadie alberga la menor duda que el notable crecimiento de estas tendencias antieuropeístas, un fenómeno diferente al que representan los agrupamientos de izquierda radical como el griego Syriza o los españoles de Izquierda Unida y Podemos, es el resultado de la aguda crisis social y de empleo en toda Europa.
El malestar de millones de jóvenes y adultos sin empleo y sin perspectiva de modificar su situación, así como la reducción de salarios o el desahucio de decenas de decenas de miles de familias incapaces de pagar su hipoteca, no han encontrado ni contención ni solución en las autoridades nacionales o comunitarias.
Ahora, enfrentados a este "terremoto político", tal como lo definiera el primer ministro de Francia, Manuel Valls, la élite de políticos, empresarios y economistas europeos ha comenzado a debatir qué hacer para evitar una futura catástrofe del euro y de la UE en su conjunto.
La respuesta de los mercados al resultado electoral del pasado domingo ha sorprendido a los analistas, ya que la tendencia marcadamente alcista indicaría que el establishment económico europeo no percibe ninguna alteración del cuadro político y, por tanto, cree necesario ratificar la orientación de austeridad fiscal e intervención moderada del Banco Central Europeo (BCE).
Desde este punto de vista, el camino a seguir debería ser el mismo iniciado hace dos años, es decir, el de continuar con el ajuste fiscal y la readecuación a la baja de los sistemas de bienestar social europeos.
De esta manera, lo que en apariencia sigue predominando en las cúpulas del Viejo Continente es la idea de que el problema no está en el sector privado que ha comenzado a despegar levemente en el último año y que, por el contrario, la clave está en el achicamiento del Estado.
Esta visión ortodoxa y cerrada de la crisis europea y de su posible solución ha sido expresada por uno de los columnistas del Financial Times, Philip Stephens, quien sostiene que "el problema es que el Estado (en el caso de Francia) es demasiado grande y que los sistemas de bienestar social son demasiado inflexibles".
Desde este punto de vista, la receta es demasiado bien conocida ya que pasa por flexibilizar el mercado de trabajo, reducir los déficit público vía la caída del gasto social, adecuando así la competitividad europea a la realidad del mercado globalizado.
En las antípodas de esta propuesta neoliberal, para una supuesta creación de empleo y dinamización de los mercados estancados, se encuentra el economista y Premio Nobel Paul Krugman, quien esta semana adelantó la idea de elevar el techo de una inflación del 2% como meta para el BCE.
Durante un encuentro de la "crema" de los responsables monetarios europeos que tuvo lugar en Sintra, Portugal, Krugman propició, basado en un análisis de factores de carácter económico y demográfico, una política de "reinflación", es decir, de empujar los precios al alza por encima del tope del 2% fijado por el BCE.
A su juicio, un objetivo de inflación más alto podría hacer que las economías europeas con baja inflación puedan superar el peligro de una deflación al alentar por la vía monetaria la demanda agregada.
La idea elaborada en un paper por Krugman fue rechazada de plano por el presidente del BCE, Mario Draghi, y también por el ex miembro del BCE y actual integrante del Bundesbank, Otmar Issing, como no podía ser de otra manera en un representante alemán.
Además de este debate sobre ajuste ortodoxo o keynesianismo clásico, un nuevo elemento negativo se ha introducido en la relación entre la UE y Estados Unidos, más concretamente en la negociación del acuerdo comercial entre ambos bloques.
El rechazo de la victoriosa ultraderecha francesa, por ejemplo, considera una "catástrofe" la firma del acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, en tanto que el UKIP es partidario de que Gran Bretaña negocie directamente con Washington, dejando de lado a Bruselas.
De conjunto, los gobiernos europeos también temen ahora acelerar el ritmo de las discusiones del acuerdo y apuntan a un retraso del mismo hasta que se conforme el nuevo Parlamento y se asienten las nuevas autoridades de Bruselas.
El terremoto político, tal como fue definido por Valls, amenaza ahora con convertirse en una discusión sobre la política económica europea, de carácter agudo, duro y con aristas más que suficientes para agravar las rencillas entre los socios europeos y entre éstos y el resto del mundo.
Fuente: Télam
