Las provincias son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego y San Juan.
En el acto también estuvieron presentes el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Trabajo, Carlos Tomada; de Agricultura, Carlos Casamiquela; y de Industria, Débora Giorgi, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Cristina, en un discurso transmitido por cadena nacional, señaló que la nueva instancia permitirá a las provincias disponer en el próximo trimestre un total de 1.800 millones de pesos, que se suman a los 2.000 millones acordados en diciembre pasado en oportunidad de la primera renovación.
"Por la firma de hoy (las provincias) reciben un adicional de 1.800 millones de pesos, y va a significar un ahorro por provincia en los próximos 3 meses de casi 1.000 millones de pesos que las distintas gestiones destinarán a mejorar las prestaciones de sus servicios", explicó la Presidenta ante los gobernadores.
Las estados provinciales se comprometen en esta renovación del programa a mantener la actualización de sus datos de gestión para alcanzar "la unificación de la información para que la Argentina tenga una consolidación de sus datos municipales, provinciales y nacionales que permita gestionar con mayor eficacia y eficiencia", dijo la Presidenta.
El actual programa de financiamiento significa para las provincias "superar la situación que se vivió durante muchísimo tiempo y mejorar el posicionamiento de endeudamiento de las mismas, lo que les permite ser nuevos sujetos de crédito, porque les mejora sustancialmente su situación financiera", señaló la jefa del Estado.
La deuda inicial reestructurada ascendió a 65.500 millones de pesos e incluyó pasivos con la Nación por la entrega de bonos Bogar 2018, Boden 2011 y 2013 y en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado (PAF).
Hasta entonces, las deudas de los Estados provinciales se venían incrementando cada vez más porque se les aplicaba un ajuste por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), además de los intereses sobre el capital adeudado.
Al disponerse la reprogramación, en 2010, la Nación reconoció 9.600 millones de pesos por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos, por lo que el stock de deuda se redujo en un 15%, al tiempo que se dispuso la eliminación de la actualización a través del y el pago del saldo se pactó a un plazo de 20 años, con una tasa de interés anual del 6%.
El acuerdo inicial contemplaba tres años de gracia para el pago de intereses y utilidades, el que venció en diciembre pasado. Con el programa firmado en ese oportunidad, se dispuso una revisión trimestral de las metas comprometidas, de la cual se cumple la segunda renovación.
En diciembre pasado, el stock de deuda vigente (77.300 millones de pesos) fue nuevamente reprogramado, con una quita de 11.000 millones sobre el capital, por los ATN adeudados.
La Presidenta recordó que la preocupación del Poder Ejecutivo en superar el desendeudamiento de las provincias comenzó en 2003 durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner "cuando muchas de ellas tenían cuasimonedas, con un altísimo nivel de endeudamiento con monedas extranjeras que les impedían desarrollar cualquier actividad".
Dijo que va a seguir "insistiendo en recordar" el estado que atravesaba el país hace casi 11 años, al refutar a aquellos que afirman que la Argentina de hoy está "peor que en 2003".
"No voy a permitir que se instale la cadena de la mentira casi bordeando el escándalo y la ridiculez porque todos vivimos en la Argentina y no estábamos de vacaciones" en el 2003, aseveró la Presidenta.
Originalmente, el convenio compromete también a las provincias a alcanzar determinadas metas vinculadas a la reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, sistemas de inclusión social, reducción de informalidad laboral, aumento de exportaciones, incentivos a las pequeñas y medianas empresas.
También el fomento al desarrollo de la formalización del empleo, estrategias que permitan garantizar la ejecución de infraestructura pública para garantizar provisión de agua potable, de sistemas de redes cloacales, en una multiplicidad de aspectos.
Fuente: Télam
